Un nuevo giro al conflicto con Reino Unido por las Islas Malvinas y otros archipiélagos del Atlántico Sur

Tras el fallido intento en 1982 de recuperar por la fuerza el control de las Islas Malvinas, ha quedado claro que los contendientes deberán emplear las vías jurídicas y diplomáticas para buscar una solución.

Desde 1982 a esta parte, muy poco o casi nada se ha hecho en este sentido. Del lado argentino, los primeros gobiernos evitaron el tema, probablemente debido a las frescas secuelas de la lucha armada. En los gobiernos kirchneristas de los últimos veinte años, solo se escucharon proclamas, días feriados, homenajes y la entonación de la marcha alegórica. Se sancionó asimismo la Ley 26.659 en el 2011, que dispone que no se podrá explotar petróleo en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional, lo que incluye al mar adyacente a las Islas Malvinas, y establece sanciones para las empresas infractoras.

Del lado británico, la falta de interés por impulsar la discusión sobre el conflicto se entiende, teniendo en cuenta que detentan el control de las islas y no tienen interés por reabrirlo. En los últimos años, además, han desarrollado actividades vinculadas con la pesca y la extracción de petróleo en áreas periféricas al archipiélago, que violan expresamente la mencionada ley.

Dada esta situación de estancamiento en las negociaciones por más de cuarenta años, el presidente Milei anunció por cadena nacional el 3 de septiembre del 2026 una serie de medidas, algunas concretas y de implementación inmediata, y otras que requerirán la intervención del Congreso y el impulso de ciertas obras.

La primera aclaración necesaria es que el conflicto de soberanía por las islas del Atlántico Sur es una cuestión de Estado, que el presidente debe mantener durante su período de gobierno, pues no se trata de algo que se pueda resolver con medidas discrecionales. Por lo tanto, en su discurso reiteró principios que han sido invariables a lo largo de casi dos siglos; entre ellos el reclamo de la soberanía argentina sobre esas islas, la calificación de la ocupación británica en 1833 como una usurpación colonial y la vinculación del reclamo con la primera disposición transitoria de la Constitución nacional. Negó la invocación legítima de la voluntad de los habitantes actuales, al considerarlos una «población implantada» que no puede invocar el principio de autodeterminación. Se trata de una controversia territorial entre dos Estados y no de un supuesto de descolonización sujeto a la libre determinación de una población originaria.

En estas condiciones, que han sido pacíficamente mantenidas por el Estado argentino a lo largo de la historia del conflicto, afirmó el presidente que la controversia debe resolverse con negociaciones bilaterales y pacíficas, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.

Los motivos por los cuales el presidente ha decidido impulsar una serie de medidas para avanzar en este tema es fundamentalmente dos, y los mencionó él mismo en su mensaje:

1. El primero es el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Este desarrollo supone una apropiación unilateral de recursos situados en un área en disputa, en violación de la Ley 26.659. Según indicó el presidente, ello no solo constituye una infracción a derechos soberanos argentinos, sino una amenaza a intereses estratégicos y a la seguridad nacional.
2. El segundo es la oportunidad particularmente provechosa del momento para avanzar en esa dirección, dadas las muy buenas relaciones que la República Argentina mantiene con el gobierno del presidente Donald Trump, mientras que las relaciones de Estados Unidos con el Reino Unido se han tensado debido a la falta de colaboración atribuida a dicho país en el contexto del conflicto con Irán y el estrecho de Ormuz.

Las propuestas

Con ese propósito, anunció la firma de un decreto destinado a agilizar los procedimientos sancionatorios contra las empresas que participen en la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. Las medidas comprenderían:

• inhabilitación para operar en la Argentina;
• sanciones contra las empresas participantes;
• extensión de responsabilidades a accionistas, directivos y proveedores;
• fortalecimiento del intercambio de información y de los mecanismos de detección temprana;
• presión diplomática sobre empresas y Estados vinculados con los proyectos.

Sobre el último punto, el presidente informó que la Cancillería ya había enviado aproximadamente ciento ochenta notas dirigidas a desalentar esa participación entre empresas y gobiernos de más de veintinueve países.

También anunció el envío urgente al Congreso de un proyecto de ley que contendría tres puntos centrales:

• endurecimiento de las penas previstas en la Ley 26.659: se propondría ampliar las penas y prohibiciones para empresas, proveedores y demás participantes en las actividades no autorizadas;
• prohibición de contratar en la Argentina: los infractores no podrían celebrar contratos con el sector público ni con el privado;
• extensión material del régimen: las sanciones dejarían de concentrarse exclusivamente en los hidrocarburos y alcanzarían otras actividades que afecten los recursos naturales de las islas y sus espacios marítimos.

Mencionó la posible utilización del juicio en ausencia, cuando jurídicamente correspondiera.

El proyecto de ley contemplaría también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de formular una política obligatoria y transversal en esta área, así como de coordinar las acciones entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia, el Ministerio de Economía, las áreas de protección de infraestructura crítica y las de defensa aeroespacial y marítima.

Además, mencionó la solicitud al Congreso de facultades para responder mediante instrumentos económicos y diplomáticos frente a Estados, empresas u otros actores que amenazaran la seguridad nacional.

Respecto de estos temas, se advierten dos circunstancias:

1. El actual desarrollo exponencial de la producción de hidrocarburos y la actividad minera en Argentina genera un fuerte condicionamiento para aquellas empresas extranjeras de esos sectores que tengan interés en participar en proyectos como los de Vaca Muerta. La amenaza con cancelar la posibilidad de participar en el país en caso de intervenir en la extracción de petróleo de manera ilegal en la plataforma continental argentina tiene hoy un peso disuasorio muy superior al que tenía en el 2011, cuando se sancionó la ley.
2. El presidente, consciente de que se trata de un tema de Estado y no meramente de coyuntura política, señaló que el involucramiento de todos los partidos políticos a través del Congreso Nacional, para sancionar las normas necesarias, será indispensable para tomar decisiones que trasciendan en el tiempo. Por ello invitó a la dirigencia política, económica y social a sostener esta causa mediante un reclamo «legítimo y pacífico».

El presidente también anunció el avance en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, a través de un decreto de necesidad y urgencia que amplíe los recursos del Ministerio de Defensa con el fin de financiar prioritariamente:

• una base naval integrada en Tierra del Fuego;
• mayores capacidades de telecomunicaciones en la región;
• el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Según el presidente, la base debería convertir a la Argentina en el principal polo logístico regional y mejorar su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida. Si bien la construcción de dicha base no es un proyecto nuevo, lo cierto es que nunca se avanzó más allá de la declamación política debido a la falta de recursos económicos.

El presidente planteó que la seguridad nacional no comprende únicamente la defensa militar, sino también:

• estabilidad y crecimiento económico;
• inversiones;
• solidez monetaria y financiera;
• control de recursos estratégicos;
• infraestructura crítica;
• proyección marítima, aeroespacial y antártica.

Su tesis fue que un país empobrecido, sin influencia internacional y con Fuerzas Armadas debilitadas no puede sostener eficazmente sus reclamos soberanos. Por ello, vinculó directamente su política económica, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las inversiones y el fortalecimiento militar con la capacidad futura de recuperar las islas. Un país pujante, con amplias relaciones comerciales y diplomáticas con el mundo y fuerte crecimiento económico, estará en mejores condiciones de negociar, a diferencia de la Argentina empobrecida de los últimos años. Su idea rectora fue que la recuperación pacífica de las Malvinas depende de que la Argentina llegue a ser —en palabras del presidente— una nación «políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable».

Las críticas al discurso del presidente

Desde distintos sectores, fundamentalmente de la oposición más dura, se ensayó una serie de críticas a sus anuncios. Si se toman solo aquellas que revisten alguna seriedad argumentativa, se pueden mencionar las siguientes:

Que el presidente está haciendo un uso político-electoral de la causa de Malvinas, utilizando para ello argumentos que ya eran conocidos en el pasado, sin que haya aparecido ninguna nueva circunstancia. En este sentido, señalan que la Ley 26.659, como se dijo, ya contenía las sanciones aplicables a las empresas que extraen petróleo ilegalmente, y que las empresas Rockhopper y Navitas ya habían sido sancionadas en el 2013 y el 2022, respectivamente. También la base naval anunciada había sido proyectada y se había comenzado a construir durante el gobierno de Alberto Fernández en el 2022 (en este caso, sin embargo, el gobierno se había limitado a colocar la piedra fundamental y las obras no avanzaron por falta de recursos).

Entre las críticas políticas, se invocaron también el sobredimensionamiento del apoyo del presidente Trump a la posición argentina y cierta incoherencia entre el actual discurso del presidente Milei y posiciones del pasado, en especial su admiración por Margaret Thatcher y por el Estado de Israel, dado que algunas empresas israelíes han tenido participación en actividades ilegales en términos de la ley mencionada.

En general, no se advierten objeciones de peso por parte de la oposición política. Precisamente los instrumentos creados en el pasado no fueron aplicados de manera eficiente, por lo que habrá que esperar a ver cómo se puede reactivar la presión económica y diplomática argentina a partir de la intensificación de esas medidas.

Por su parte, la respuesta del Gobierno británico fue mantener su posición respecto de la soberanía británica sobre las islas, el derecho a la autodeterminación de los isleños y el resultado de un referéndum en este sentido realizado en el 2013. Se ha considerado en Gran Bretaña que el discurso del presidente Milei estaba dirigido más a la política interna argentina que al conflicto en sí.

Conclusión

En estas condiciones, es posible concluir que la iniciativa del presidente se justifica en estos momentos por las cuestiones coyunturales mencionadas. Las declaraciones del propio presidente Trump en el sentido de que estaba reviendo su posición sobre el conflicto resultan inéditas en los términos de la discusión, y si bien no deben ser sobredimensionadas, especialmente en el contexto de la actividad política internacional, tampoco pueden ser ignoradas.

Otra gran diferencia es que esta propuesta está enmarcada en un proyecto general de crecimiento del país, que es lo único que podrá garantizar que se puedan llevar a cabo las medidas y que el planteamiento argentino crezca en credibilidad. Lo que ha planteado el presidente es la necesidad de convertir a la Argentina en un país serio y creíble, pues si no es creíble como nación, mucho menos lo serán sus propuestas de negociación del conflicto.

Se trata, en definitiva, de reactivar con gran fuerza una serie de medidas que se habían planteado en el pasado, pero que quedaron inconclusas o abandonadas, y hacerlo en un contexto política y económicamente más favorable.

A partir de estas medidas, podrán comenzar las verdaderas negociaciones que, como señaló el presidente, deberán ser bilaterales y pacíficas, enmarcadas en los principios del derecho internacional. Al respecto, habrá que evaluar muchas alternativas, pues de lo contrario será una negociación inútil si ambos países se quedan en sus pretensiones originales. Ello requerirá mucho talento diplomático e imaginación para encontrar soluciones que puedan dejar incólume la dignidad de ambas partes.

Pero el primer paso lo ha dado con astucia el presidente Milei, al poner sobre la mesa de negociaciones a un jugador mucho más poderoso que aquel que, con anterioridad, no pudo defender adecuadamente los derechos en disputa.